PSOE-Podemos: Eutanasia, devaluar la clase de Religión hasta hacerla desparecer y quitar conciertos a la diferenciada.

Seguimos conociendo detalles del acuerdo de Gobierno, gracias a artículos como este de ALFA Y OMEGA. PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno de coalición que la asignatura de Religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

Así figura en el documento de 50 páginas titulado Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España, que presentan este lunes por la tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.

Foto: EFE/Paco Campos

La relacionada con la asignatura de Religión es una de las más diez medidas relativas a la educación. Entre ellas destacan también que se promoverá «la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos»; es decir, centros concertados.

«Nuevos derechos y memoria democrática»

Por otro lado, y como ya se incluía en el preacuerdo firmado el 12 de noviembre, dos días después de los comicios del 10N, se ratifica el compromiso compartido por impulsar una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia «y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud».

Esta medida está incluida en la quinta de las once partes del acuerdo, bajo el epígrafe «nuevos derechos y memoria democrática». En ella se propone, además:

– «Una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas».

– Cambiar las leyes necesarias «para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia». Se considera que están inscritos «indebidamente» aquellos bienes eclesiales que se registraron «a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».

– Aprobar «una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión». Esta medida está apoyada, en el apartado relacionado con la Unión Europea, por la promesa de trabajar para erradicar «cualquier forma de patologización de las personas LGTBI». Vistas en conjunto, ambas formulaciones apuntan a la criminalización ya existente en algunas comunidades autónomas como Madrid de las personas que ofrezcan acompañamiento o atención psicológica a personas que no estén a gusto por sentir atracción por el mismo sexo o disforia de género

Limitaciones a los grupos provida

Otro de los apartados del acuerdo está dedicado a «políticas feministas». Dentro de esta categoría está el compromiso de favorecer «el acceso a la anticoncepción de urgencia» (píldora del día después y similares, con efectos abortivos) y «a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el Sistema Nacional de Salud».

También en relación con el aborto, se apunta a imponer restricciones a la actividad de las entidades provida que actúan cerca de los centros abortistas ofreciendo ayuda a las mujeres que van a abortar. Así, se promete garantizar «la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación».

Por otro lado, se van a «garantizar los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil una vez reestablecido este derecho en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud».

En este ámbito, en cambio, se sella un no rotundo a los vientres de alquiler, que «socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas». Este rechazo no solo incluye no legalizarlos en España, sino la promesa de actuar «frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país».

Implementación de los Pactos Globales

En el ámbito de las políticas sociales, PSOE y Unidas Podemos se muestran partidarios de implementar el Pacto Global para las Migraciones y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, además de modificar el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional y elaborar una nueva Ley de Asilo, y de dotar el Fondo estatal de integración como instrumento de colaboración del Estado con autonomías y municipios.

Asimismo proponen dedicar «una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura». En este sentido –concretan– pretenden incrementar los recursos presupuestarios para ayuda al desarrollo hasta situarlos en el 0,5 % de la Renta Nacional Bruta a finales de la legislatura, «destinando el 10 % de la Ayuda Oficial del Estado a la ayuda humanitaria».

Otro aspecto positivo es el compromiso de proteger a los menores de «la creación, difusión y exposición de pornografía» e impulsar «una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía».

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