Bruselas, en alerta por el giro radical del Gobierno Español contra las libertades.

(ABC) Por segunda vez en muy poco tiempo, la Comisión Europea ha reconocido que está «al corriente» y que está «estudiando» una disposición del Gobierno de Pedro Sánchez porque resulta chocante para las reglas europeas de respeto al Estado de derecho. La orden ministerial publicada el jueves en el BOE para combatir la desinformación va a ser analizada por el ejecutivo comunitario, sobre todo después de que varios partidos con representación en el Parlamento Europeo le hayan hecho llegar sus quejas. Un portavoz de la Comisión aclaró además en la rueda de prensa diaria que este análisis se enmarca en la supervisión reforzada que se ha puesto en marcha para analizar las medidas que adoptan los distintos gobiernos bajo la cobertura extraordinaria del estado de alarma. «La Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia» para asegurarse de que los gobiernos no aprovechan esta situación excepcional y adoptan medidas que rebasen los límites de los principios democráticos europeos. El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez está empezando a labrarse una reputación muy negativa en las instituciones comunitarias.

El giro comunista del Gobierno de España con políticas que restringen las libertades de expresión, de educación o religiosa comienza a preocupar a Bruselas.

Desde 2018, la Comisión Europea ya ha intervenido en el problema de las «fake news», pero siempre con el objetivo de proteger las instituciones europeas. «Nunca se ha pensado en fiscalizar los medios de comunicación europeos», asegura el eurodiputado popular Esteban González Pons, para quien la iniciativa del Gobierno es «totalmente inaceptable». Aquella comunicación del ejecutivo comunitario, en la que describe precisamente códigos de conducta y recomendaciones redactadas después de una vasta consulta pública y el informe de un grupo de expertos de alto nivel, estaba pensada para proteger el desarrollo de las elecciones europeas, después de ver lo que había pasado con las intervenciones de elementos dirigidos desde Rusia en diferentes procesos electorales y acontecimientos políticos.

Precisamente por ello, en Bruselas se ha recibido la noticia de la publicación en el BOE de esta orden ministerial con mucha extrañeza, incluso respecto a la calidad jurídica de su redacción. Fuentes de la Comisión Europea señalaron este viernes a este diario que no entienden «cómo el Gobierno español ha aprobado esta legislación sin haber hablado antes con los sectores afectados, consultando, por ejemplo, con los propios medios» antes de elaborarla.

La orden del Ministerio de la Presidencia asegura que se enmarca en distintas iniciativas comunitarias, pero en realidad todos los elementos en los que dice anclarse no existen o tienen un objetivo muy diferente al que se describe. El European Democracy Action Plan, que es un proyecto de comunicación de la propia Comisión para reforzar las instituciones democráticas en una sociedad libre, aún no ha sido aprobado, ni siquiera publicado, sino que acaba de salir del procedimiento de consultas públicas. Hasta ahora, en el Parlamento Europeo no han tenido éxito los intentos de legislar en este campo, ante la posibilidad de entrar en conflicto con principios esenciales como el de la libertad de expresión. En realidad, en la Eurocámara se acababa de constituir una comisión especial para estudiar el fenómeno de las «fake news» y que preside el popular español Javier Zarzalejos, precisamente para reflexionar sobre los caminos que pueden seguirse para proteger a la sociedad, siempre de intervenciones exteriores, pero todavía no ha llegado ni a reunirse.

El servicio Europeo de Acción Exterior también dispone de un departamento específico dedicado al seguimiento de las grandes corrientes de información para evitar que haya intervenciones maliciosas que puedan tener influencia en los procesos políticos en Europa como ya ha sucedido en alguna ocasión. Pero su actividad se limita a denunciar esas falsas noticias emitidas desde fuera de Europa y a desmentirlas.

La orden ministerial fue publicada el jueves en el BOE y este viernes ya había suscitado una queja formal de los eurodiputados de Ciudadanos, que han enviado una pregunta escrita a la Comisión en la que entre otras cosas le pide «si considera que el control del contenido de los medios por parte de un gobierno de un Estado miembro es compatible con los principios, valores y legislación de la Unión Europea». Luis Garicano, uno de los firmantes , considera que la respuesta solo puede ser negativa puesto que «esta pretensión de instaurar la censura previa es una muestra más de la deriva populista del Gobierno». Para Garicano: «Algunos miembros del Gobierno, como Pablo Iglesias, siempre han dicho lo que querían hacer y en este sentido no han engañado a nadie. Los demás, parece que no lo ven mal». Es más, el eurodiputado español cree que «el Gobierno deberá abandonar esta decisión». «Desde Bruselas haremos lo necesario para que sea así», añade.

A diferencia de lo que sucedió en el debate sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ahora ya se ha aprobado el mecanismo para vincular la percepción de ayudas europeas al respeto a las reglas del Estado de derecho. Y aquello era una idea y esto ha sido publicado en el BOE.

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