11 años de muerte e injusticia «constitucional»

El Gobierno pretende reformar la previsión establecida en 2015 en la Ley del Aborto para que las menores que quisieran abortar necesitaran de la autorización de sus padres o tutores. Y previsiblemente saldrá adelante antes de que el Tribunal Constitucional falle el recurso interpuesto en 2010 por el Partido Popular contra la conocida como «Ley Aído». Este recurso de inconstitucionalidad, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes solventes, es el que más tiempo lleva en el Alto Tribunal a la espera de su resolución, algo que, además, no se prevé que vaya a suceder a corto plazo, ni mucho menos. De hecho, el pasado mes de junio hizo diez años desde que fue admitido a trámite el recurso interpuesto. El Gobierno de Navarra también recurrió la citada ley.

Así, lo previsible es que entre en vigor una reforma que afecta a temas tan sensibles como que una menor pueda abortar libremente sin que el TC se haya pronunciado sobre si la ley del aborto del Gobierno socialista que presidía Rodríguez Zapatero se ajusta o no a la Constitución.

Más de un millón de inocentes abortados han pagado con su vida la injusta e infame situación del Tribunal Constitucional de España

Pero, además, se da la circunstancia de que el magistrado al que correspondió la ponencia del citado recurso, Andrés Ollero, es uno de los que, en teoría, deberían ser renovados por haber vencido su mandato. De tal forma, que es más que previsible que abandone el Alto Tribunal sin tan siquiera haber podido presentar al pleno un borrador de sentencia para su debate.

El recurso se presentó cuando la presidencia del Tribunal la ostentaba Francisco Pérez de los Cobos, quien en ningún momento propuso que el tema se debatiese al menos. Con el actual, Juan José González Rivas, ha pasado prácticamente lo mismo. Los motivos también son similares: no hay mayorías suficientes para alcanzar un consenso.

De esta forma, se podría la situación –nada descabellada– de que saliese adelante una nueva Ley del Aborto que hiciera que se perdiera el objeto del recurso presentado contra la «Ley Aído» y quedase el mismo definitivamente sin resolver. Y ello, porque si una nueva ley revoca gran parte de la que está recurrida, ésta pierde ya el objeto para que los magistrados se pronuncien sobre ella. Todo un juego maquiavélico, digno del mismísimo Satanás como leemos en LA RAZÓN que, esperemos, no suceda con la Eutanasia y los partidos que la recurren soliciten como medida cautelar su no aplicación hasta que el alto tribunal se declare sobre el fondo del recurso, a ver si así sus Señorías sienten algo de vergüenza y cumplen con la función que nuestra sociedad les tiene encomendada.

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