¿Protección a la infancia debilitando la familia?

La Ley de Protección a la infancia que el Congreso de los diputados acaba de aprobar es una norma necesaria. Endurece la penas y hace más difícil que quien abusa de un niño o lo maltrata salga impune. Sin embargo La Ley Rhodes estambién un nuevo e innecesario ataque a la familia, en especial a los padres, a quienes criminaliza y debilita frente a sus hijos, incluso frente a los asistentes sociales.

La Ley Rhodes, una oportunidad perdida para trabajar por la verdadera protección de la infancia CON los padres y no contra ellos.

Salvo excepciones -generalmente patológicas- nadie quiere más a sus hijos que sus padres. Son quienes pasan más tiempo por ellos y se desviven por su educación y mantenimiento. Pero hoy en día parece que son carceleros y verdugos, y en eso abunda la norma que ahora pasa al Senado. Los padres son ahora (más) sospechosos habituales.

No se trata sólo de la visión o aplicación del rodillo ideológico del Gobierno socialcomunista y sus socios… La ley sale del congreso con el SÍ del Partido Popular y ha sido elaborada con la participación de Save the Children e incluso de los jesuitas.

Servicios sociales por encima de los padres

La Ley obliga a que todo aquel que tenga conocimiento o sospecha de malos tratos hacia los hijos (incluyendo aquí los gritos o castigos) debe denunciarlo. Y en ese momento, un asistente social tendrá más que decir sobre la progenie que los padres, que deberán demostrar su inocencia.

Y no frente a un juez siquiera… expertos juristas alertan de que tal y como está redactada la norma, sean los servicios sociales, y no la Justicia quienes dicten sentencia sobre la familia. De hecho, la mera acusación puede servir para la retirada de la patria potestad, antes de resolución judicial.

Culpables hasta que se demuestre lo contrario

Por supuesto, la inclusión de la ideología de género no podía faltar. Así, «La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las características sexuales de la persona menor de edad», hará que la situación de un menor sea considerada de riesgo.

La protección de la infancia es necesaria. La persecución de los abusos y maltratos son un fin loable y necesario pero la solución no es la criminalización de la familia y los padres. Esta norma es una oportunidad perdida y un nuevo ataque a la familia desde los poderes públicos.

Oportunidad perdida

Si quieren un breve análisis jurídico sobre la norma, pueden leer este artículo publicado en su día por Hispanidad por el abogado de familia Jorge Martínez Martínez, de Superbia Abogados.

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