¿Ley de Protección de la Infancia o contra la Infancia y los padres?

Un análisis detallado de la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia (o Ley Rhodes), muestra una ley más preocupada por implantar la ideología de género y debilitar -incluso criminalizar- a los padres. Una norma que genera tal inseguridad jurídica que perjudica a los menores a los que dice proteger y a la familia donde crece.

Una Ley de protección que desarraiga a los niños y criminaliza a los padres que quieren educar a sus hijos en libertad
La Ley Rhodes, un peligro para la infancia y los padres

Así lo han denunciado La Asamblea por la Vida (de la que Cristianos en Democracia forma parte), la Fundación Villacisneros, La Fundación Valores y Sociedad y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Estas asociaciones han creado un grupo de trabajo de juristas y académicos para analizar la norma.

Según su estudio, la ley supone “un nuevo instrumento al servicio de la ingeniería social que pretende cambiar las conciencias de las personas y, de esta manera, sustituir un orden social por otro”. En concreto, aseguran que vulnera “la libertad de conciencia de los padres como educadores y defensores de la salud psíquica, moral, psicológica y social de sus hijos”.

Ideología de género e infancia

Por ello, estas organizaciones expresan su rechazo a que el proyecto de ley “erige como criterio general que la educación se asiente, entre otros criterios, en la deconstrucción de los roles y estereotipos de género”. Además, denuncian “el poder que el proyecto de ley da a las autoridades jurisdiccionales” así como “la inseguridad jurídica y arbitrariedad que suponen algunos artículos” lo que, a su parecer, puede abocar “a la más completa indefensión de padres y menores”.

La Ley Rhodes “convierte la excepción –privar de la patria potestad– en un recurso frecuente ante situaciones cuyo tenor literal emplea nociones jurídicas que son indeterminadas, cuestiobables e ilegítimas”.

Retirada de patria potestad

“La ley no define términos controvertidos como la llamada identidad de género, orientación sexual, parentalidad positiva, razones de género, etcétera”, señalan.

Por otra parte, critican que “quienes ostentan la patria potestad pueden ser considerados culpables ‘a priori’ por la mera denuncia de una presunta víctima” y rechazan que se “permite una mayor intervención de la autoridad pública en el ámbito propio de la patria potestad”.

Dictadura

Finalmente, declaran que “muchos” preceptos del proyecto de ley “vulneran el derecho a discrepar legítimamente y el deber de proteger a los hijos de la injerencia pública en la formación de su conciencia, sus valores y su modo de vida”.

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