Leemos en La Razón que, al fin, algunos coletivos empiezan a tomar iniciativas coherentes con la barbarie que estamos viviendo en España, y es que el Sindicato CSIF, en representación de los funcionarios públicos, denuncian al Gobierno ante el Supremo por homicidio imprudente: CSIF culpa al Ejecutivo del contagio y el fallecimiento de sanitarios por el coronavirus. Denuncia que no atendieron las advertencias de la OMS ni “hicieron acopio” de material de prevención. Señalan directamente al ministro de Sanidad, que podría sufrir una pena de cuatro años.
Y es que conviene recordar que a finales de Enero, cuando China aislaba ciudades, construía hospitales y todos los paises del mundo evacuaban a sus nacionales de forma urgente, nuestro Ministerio de Sanidad, por boca de sus expertos, nos decía que no había motivos para alarmarnos en absoluto, que no serían mas que «unos cuantos casos» aislados, como podemos ver en los medios afines al Gobierno como El PLURAL o EL PAIS en sus ediciones de esas fechas, alabando la «calma» de Fernando Simón.
Pero los funcionarios han estallado. A las denuncias de sobrecarga de trabajo que muchos departamentos han hecho por culpa del aumento indiscriminado de actividad laboral por la pandemia -como en el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias- se suma ahora la decisión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de presentar ante la Sala de los Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez -a la que se sumarán actuaciones jurídicas en todas las comunidades autónomas- por un delito contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral y lesiones, además de una más grave por homicidio imprudente.
Se basa esta acusación en que las autoridades gubernamentales no atendieron los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -cita el sindicato las continuas peticiones de actuación urgente desde el pasado 3 de marzo y que fueron ignoradas- y tampoco se hizo el acopio necesario de material para prevenir y actuar contra las infecciones del Covid-19. “Por eso entendemos que los contagios y los fallecidos entre el personal sanitario pueden constituir, además de infracciones de la prevención laboral, responsabilidades por homicidio imprudente”, informan desde CSIF.
Y cerramos el titular con «… de momento» porque está por ver como acaban siendo investigadas las autorizaciones para eventos masivos hasta el 8M, pues a finales de Febrero, la Organización Mundial de la Salud ya había lanzado las alertas a todos los países (a España la avisó hasta en 5 ocasiones en el mes de Febrero) y en Italia comenzaban a contarse los muertos por centenares, pero nuestro Gobierno optó por hacer caso omiso a los indicadores internacionales de la Pandemia y seguir con sus juegos ideológicos hasta sus últimas consecuencias que, de momento, se han cobrado la vida de casi 11.000 Españoles, convirtiendo grandes espacios públicos en improvisados tanatorios y va a provocar la mayor contracción y crisis económica no bélica de la historia de nuestro país.
No pretendemos realizar un juicio moral de las personas que han intervenido en la gestión de la crisis, pues cada uno responderemos, en el momento oportuno, de nuestros actos ante Dios, pero si una crítica política, y es una cosa es juzgar a las personas y otra bien distinta juzgar sus responsabilidades políticas y sus decisiones. Y, en el mejor de los casos, las informaciones dejan cada vez más claro que este gobierno es, cuando menos, culpable por ineptitud y omisión.