Esta semana, debido al filón informativo que los medios de comunicación han encontrado en la cuestión de los Youtuber´s y su traslado a otros países para evitar el pago de los desmesurados impuestos que en España se les pretenden cobrar, hemos escuchado mucho hablar sobre «sensibilización fiscal» de la Población, y lo importante que es que la sociedad tome conciencia de la importancia de los impuestos. Pues bien, esa sensibilización debe ser bi-direccional para que nuestros políticos y Gobernantes entiendan que no existe el dinero público, y que cada céntimo que gestionan procede directa o indirectamente del bolsillo de cada ciudadano de España y que, por tanto, tenemos el derecho de decidir sobre el uso y destino de los mismos.
En este punto, la Educación es un gran ejemplo. Pese a que la Ministra Celaá se empeñe en decir que el «El Estado» el que debe garantizar el acceso público a la enseñanza de todos los ciudadanos, parece que no termina de entender que «El Estado» no es más que la suma de nuestras voluntades y decisiones, y no un ente diferenciado que pueda tomar decisiones de manera independiente a sus ciudadanos. Así pues, el derecho a la libertad de educación y a elegir el tipo de educación que los padres decidan para sus hijos no es ya una cuestión solo de libertades elementales, que también, sino de justicia, en tanto tenemos derecho a decidir en que se invierte el dinero que generamos con nuestro trabajo y esfuerzo diario y, por supuesto, tenemos el derecho a exigir que con dichos impuestos se financien las escuelas concertadas que elegimos para nuestros hijos.
El Gobierno de España no es por tanto quien para eliminar de las opciones elegibles de los Padres los centros con criterios ideológicos, como pretende realizar con la LOMLOE o «Ley Celaá». El manido discurso del social comunismo moderno de «eres libre de elegir, pero entre las opciones que solo yo te ofrezca», como elegir entre aborto ó nada de ayudas para las madres en dificultades, Eutanasia ó nada de cuidados paliativos y en este caso, centros públicos o centros públicos sin idearios religiosos, es algo que, simplemente como sociedad, no podemos seguir consintiendo, pues al fin y al cabo no hacen más que retorcer el concepto de libertad hasta amoldarlo a las posiciones, sobre todo ideológicas, que pretenden imponer (no tenemos mas que ver la propuesta de Ley Trans que la Ministra Montero está preparando).
Afortunadamente en la Unión Europea queda, de momento (pues no olvidemos que sus órganos están siendo «colonizados» rápidamente por Soros y el Nuevo Orden Mundial) un ápice de sentido común y de sentido real de defensa de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como podemos leer en este artículo que publica INFOTACÓLICA y por ello es importante aprovechar el tiempo que pueda durar el mismo para proteger, con todos los elementos que podamos, nuestros derechos fundamentales, como el derecho a elegir que tipo de educación queremos para nuestros hijos, incluyendo nuestras convicciones filosóficas, educativas y, por supuesto, religiosas, pues para eso lo pagamos.
Daniel Fernández
Asociación Cristianos en Democracia