El papel del Estado debe limitarse a garantizar el acceso universal a la Educación, pero no a controlar a los centros.

«La minista de Educación tiene una intrepretación muy peculiar del artículo 27 de la Constitución». Este artículo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones religiosas y morales y además establece el papel subsidiario del Estado en la educación. La ministra cree, en cambio, que es el Estado quien tiene el sistema educativo y además decide qué valores hay que enseñar. Es todo un problema.

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