La Iglesia Española, contra la re-escritura de la Historia.

Los obispos han tachado de «anacrónico» que el Gobierno quiera convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, defienden la permanencia de la Cruz como «signo de reconciliación» y de una comunidad religiosa para rezar y celebrar Misa, y se muestran «preocupados» porque la Ley de Memoria Democrática «quiere escribir una especie de historia oficial».

El papel del Estado debe limitarse a garantizar el acceso universal a la Educación, pero no a controlar a los centros.

«La minista de Educación tiene una intrepretación muy peculiar del artículo 27 de la Constitución». Este artículo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones religiosas y morales y además establece el papel subsidiario del Estado en la educación. La ministra cree, en cambio, que es el Estado quien tiene el sistema educativo y además decide qué valores hay que enseñar. Es todo un problema.

La Generalitat se sube al carro de la persecución educativa.

Pese a que el Tribunal Constitucional ya declaro ilegal la persecución de la administración andaluza hace años a manos de los socialistas de varios colegios religiosos de educación diferenciada, Sánchez lanza a sus «subalternos» a la persecución de cualquier modelo educativo de disienta del pensamiento único que nos quiere imponer el social-comunismo que nos gobierna.