Las Administraciones Públicas Españolas, desde el Gobierno hasta los Ayuntamientos, pasando por Diputaciones y Comunidades Autónomas, continúan corrompiendo a nuestros menores, animándoles a mantener relaciones sexuales sin importarles su edad, su grado de madurez y, por supuesto, la educación moral o sexual que sus padres puedan querer para ellos.
Una España en la matar cada año 100.000 seres humanos por nacer se ha convertido en un «derecho» (recurrido hace más de 10 años a un ignominioso Tribunal Constitucional que ha tenido que ser denunciado a las autoridades europeas por sus 11 años de criminal y vergonzoso silencio). Una España en la que los hijos ya no pertenecen a los padres y es el Estado el único responsable en enseñarles que deben pensar y como hacerlo. Una España en la que los médicos se ven obligados a matar a sus semejantes por Ley, y si no quieren hacerlo deben significarse públicamente. Una España en la que pronto será delito rezar en la vía pública.
