Así es, el Gobierno de España prepara el desarrollo de contenidos y planes de formación que fomentarán el abuso y la corrupción de menores en los Colegios de España. La Ministra Irene Montero lo ha defendido en primera persona, y sin ningún tipo de ambages. Literalmente declaró esta semana que:
“independiente de quienes sean sus familias, todos los niños, niñas, niñes de este país, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, (…..). Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos, que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gusta”.
Conviene, antes que nada, recordar a la Sra. Ministra que nuestro Código Penal, en su Artículo 183 establece que:
1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años.
Además, el Artículo 183 bis tras la última reforma redacta la corrupción de menores como:
El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
Y ahora analicemos porqué el legislador, en el caso de los menores, no establece la necesidad de consentimiento o no para tipificarlo, en cualquier caso, como abuso.
La cuestión es bien sencilla, Sra Ministra., Los menores, al no haber completado su desarrollo emocional y madurez, no tienen capacidad de discernir acerca de muchos asuntos, desde conducir un coche, beber alcohol, solicitar un préstamo, firmar un contrato de trabajo, mantener relaciones sexuales o abortar… Por tanto, sus palabras y planes formativos, promueven al abuso sexual de menores.
Por eso, cualquier legislación mínimamente civilizada ha pretendido, en las últimas décadas, preservarlos de cualquier abuso (laboral, sexual…) prohibiendo que los menores puedan, siquiera, participar en determinadas actuaciones.
Por tanto, es el Gobierno de España el responsable de inducir a nuestros hijos a cometer delitos contra la sexualidad y los menores, bien entre ellos o bien con participación de mayores de edad, pero, en cualquier caso, quien incite en España a un/a menor de 16 años a mantener relaciones sexuales, está induciendo a los niños, niñas y niñes (sic, reiteración de estupidez mental de la ministra) a cometer delitos tipificados en nuestro código penal.
No es de extrañar que un Gobierno que lucha contra la patria potestad de los padres, promueve leyes que atentan contra la familia, que declara que los niños son del Gobierno y no de sus padres, que pacta con terroristas e independentistas para salvaguardar su poder, que indulta a quienes malversan fondos públicos cuando pertenecen a su partido, vayan a demostrar el más mínimo respeto a las leyes que contribuyen a la construcción de una sociedad sana.
Un Gobierno que no hace nada por impedir que nuestros hijos se eduquen a base de material pornográfico que incluye violaciones, abusos, manadas y todo tipo de barbaries sexuales que están llevando los índices de violencia sexual entre los menores a cifras jamás conocidas en nuestro país, tal y como recogía nuestro estudio hace ya algo más de un año.
Un Gobierno Pervertido y Perverso.
Daniel Fernández