La experiencia de la legalización de la eutanasia en Bélgica, Holanda, Canadá o los estados de Oregón (Estados Unidos) o Victoria (Australia) es unívoca: los casos inicialmente previstos acaban siendo desbordados y ampliados a cada vez más circunstancias. Lo mismo sucede con el hermano gemelo de la eutanasia, el suicidio asistido.
La ley C-7 canadiense, un ejemplo más
Por ese motivo las principales asociaciones de canadienses con discapacidad se oponen firmemente a la ley C-7, que reforma el código penal en lo que concierne a la eufemísticamente denominada «muerte médicamente asistida» y amplía los casos en los que puede solicitarse.
Según la actual legislación, los pacientes solo pueden solicitar el suicidio si existe una «previsión razonable de muerte natural«. La modificación legislativa suprimiría esta restricción.
«La ley C-7 es nuestra peor pesadilla«, sostienen los defensores de los discapacitados, pues hasta ahora esa discapacidad no constituía razón suficiente para pedir la muerte: «Nuestro mayor temor siempre ha sido que tener una discapacidad se convierta en una razón aceptable para el suicidio administrado por el Estado», confiesa Krista Carr, vicepresidente ejecutiva de Inclusion Canada, según recoge BioEdge.
Discriminación y coacción psicológica
La razón es que, en el momento en el que la ley extienda el suicidio asistido a más casos del previsto, la presión psicológica (reflejo de la presión familiar o social) que sienten ahora quienes se encuentran en estado terminal, pase a ser sufrida también por los discapacitados que no se encuentran al borde de la muerte.
«¿Por qué solo nosotros?», se pregunta Catherine Frazee, de la Escuela de Estudios de la Discapacidad de la Ryerson University de Toronto, al comentar que las autoridades estarían en la obligación de evitar el suicidio de una persona sin discapacidad, pero podrían autorizar el de un discapacitado: «¿Por qué solo las personas con alteraciones corporales, o que sufren dolor o que se ven decaer? ¿Por qué no todos los demás?»
Aunque no se reconozca, es una forma de mostrar que, para la ley, la vida de esas personas tiene menos valor y por tanto no merece ser protegida.
Es la queja de Roger Foley, un hombre de 45 años con una enfermedad degenerativa que le mantiene hospitalizado y no puede moverse ni manejarse por sí mismo. Reiteradamente se le ha negado la atención domiciliaria, y sin embargo afirma haber sido presionado por los responsables del centro para que pida una muerte asistida: «Mi vida ha sido devaluada. Se me ha coaccionado para que pida la muerte asistida mediante abusos, negligencias, falta de cuidados y amenazas», denuncia, por lo que ha planteado una demanda judicial para afirmar su derecho, no a una «muerte asistida», sino a una «vida asistida».
Y añade que, aunque todas las organizaciones de discapacitados se oponen a la ley C-7, «están siendo despreciadas por personas que no experimentan la marginación, la pobreza, una auténtica falta de apoyos y circunstancias vitales que las personas con discapacidad sienten que les conducen a situaciones en las que se les induce a la ‘muerte médicamente asistida’ o les hacen sentir que es la única opción«.
El dinero que se ahorran
Recientemente, Canadá evaluó el ahorro que supone la eutanasia en comparación con los cuidados paliativos, desvelando las razones de fondo de su impulso a la eliminación de ancianos, enfermos y discapacitados.