¿Sabemos, en realidad, por qué es necesario proteger social, jurídica y económicamente a la familia? En la mayoría de las ocasiones, el debate sobre las políticas familiares se centra en si el Estado debe ayudar o no a las familias, si las prestaciones públicas son o no suficientes, si las empresas favorecen o no la conciliación…
Sin embargo, don Carlos Martínez de Aguirre y Aldaz, catedrático de Derecho Civil, de la Universidad de Zaragoza, considera que «el problema en España y en otros países es que no sabemos muy bien por qué hay que proteger a la familia, y por tanto no se acierta en cuanto a los mecanismos básicos de protección, más allá de ayudas periféricas como las económicas, que están muy bien y son muy necesarias, pero que deben estar acompañadas de otras medidas estructurales».
Por eso, señala que «la protección básica que se debe ofrecer es la que afecta a la propia estructura familiar como tal: un hombre y una mujer comprometidos establemente y para siempre, y abiertos a la procreación en beneficio del futuro de la sociedad».
Proteger social y económicamente a la familia no es sólo una medida que da más o menos rédito electoral. Lejos de una mirada cortoplacista, proteger la institución básica de la sociedad es una obligación con sentido de Estado, pues ayudando a los que más aportan se beneficia a todos.
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