La proposición de ley de regulación de la eutanasia sigue sumando detractores. Al Comité de Bioética y el Consejo General de Colegios Médicos, se suma ahora la ONU. Su Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha enviado un escrito para condenar que la proposición de ley, que convertirá el «derecho a morir» en una prestación del Sistema Nacional de Salud, «permita la eutanasia por motivos de discapacidad».
Este organismo encargado de velar por el cumplimiento por parte de los estados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas recuerda en la nota –a la que ha tenido acceso ABC– que el «Estado debe velar porque no existan disposiciones que permitan la Eutanasia por motivos de discapacidad.
Así, la ONU ha dado un plazo de 60 días a España para ajustar la Propuesta de Ley de Eutanasia a los tratados internacionales sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que son vulnerados plenamente por la Ley elaborada por PSOE y PODEMOS y ampliada por BILDU, ERC, BNG Y PNV, considerando la discapacidad física o intelectual como un motivo justificante de la Eutanasia y/o el suicidio asistido,
Por otro lado, El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha llamado a los grupos políticos a que la ley reguladora de la eutanasia, que este jueves se vota en el Congreso, evite cualquier trato desigual o discriminación por razones o motivos de discapacidad. Desde el organismo creen que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad, contrarios a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a las recomendaciones efectuadas a España en 2019 por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. A su juicio, la regulación legal de la eutanasia “no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente, ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, pues si no es así compromete gravemente los derechos humanos de estos sectores y se aleja del principio de no discriminación”. Es por eso que hacen un llamamiento a los responsables políticos a retirar cualquier elemento de texto que suponga vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y se atenga escrupulosamente al bloque de legalidad internacional sobre discapacidad que vincula a España.