El Partido Popular se ha sumado a Vox y ha presentado, apenas unos días después, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Celaá. La defensa de la Libertad educativa, de la escuela concertada, de la educación especial y la protección frente al adoctrinamiento ideológico están ahora en manos de la Justicia.
Ambos partidos coinciden en subrayar que la LOMLOE «es un ataque a la Libertad», y han presentado recurso contra lo que consideran «las partes más sectarias» de la norma.
«Sectaria y Excluyente»
En la presentación de su recurso, la formación de Santiago Abascal denunció que el Gobierno trata de imponer una ley «sectaria y excluyente». Para VOX, la norma ataca frontalmente a los alumnos y a los padres, imponiendo un modelo estatal público, sin atender a los valores de los padres que eligen la escuela concertada ni a las necesidades de los alumnos que acuden a las escuelas de Educación Especial. Asimismo, denunciaron el ataque al castellano como lengua vehícular.
Con respecto a la religión e ideología, Vox considera inconstitucional que se suprima, en los arts. 18, 24, 25 y 34 la asignatura de Religión en la educación Primaria, en la educación Secundaria obligatoria y en primero y segundo de Bachillerato, así como los arts. 18.3, 19.2, 22.3, 24.5, 25.6, 25.7, 33.c), 35.1 y la Disposición Adicional Segunda porque, según ellos, «impone como principios de todo el sistema educativo la ideología de género y la educación afectivo-sexual».
«Vulnera derechos y libertades fundamentales»
Por su parte, los populares anunciaron que recurren la norma porque «vulnera los más esenciales principios derechos y libertades en el ámbito educativo que recoge la Constitución». Así, impugnan 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Carta Magna española.
«Esta ley crea tres problemas principales: de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo«, explicó Pablo Casado tras presentar el recurso, antes de reiterar la posición de su partido. «Queremos garantizar la libertad de elección para los padres. Esta ley pone en riesgo que los niños con discapacidad puedan acceder a la educación especial».
Sin consenso, a hurtadillas
Ambos partidos, además, se mostraron muy críticos con la manera de aprobarse la Ley, a hurtadillas, sin debate público y sin escuchar siquiera al Consejo de Estado. «Este Gobierno no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma», recordó el líder de la oposición.