La ministra de Educación, Isabel Celaá, volvió a presumir de las ínfulas dictatoriales y adoctrinadoras del Gobierno socialcomunista. En un tuit, volvió a situar al Estado por encima de los padres a la hora de educar a los hijos en materia afectivo sexual. Una provocación que, de nuevo, ignora a la Constitución, los tratados Internacionales e incluso las últimas recomendaciones de la Comisión Europea.
‘Olvida’ la ministra que España sigue siendo a día de hoy una democracia, y que tenemos una Constitución que avala el derecho fundamental de los padres a educar libremente a sus hijos en creencias y valores (art. 27.3 de la Constitución Española):
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Tampoco ‘recuerda’ la señora Celaá lo recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 26.3 va en la misma línea:
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Por si no fuera suficiente, el artículo 14.2 de la Convención de de Derechos del Niño, insiste en esta interpretación:
Los Estados Partes respetarán los derechos y deberesde los padres y, en su caso, de los representantes lega-les, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho demodo conforme a la evolución de sus facultades.
Europa «sigue la situación»
Tampoco parece importarle la posición de la Unión Europea sobre este asunto, que ya dejaron claro, por boca de la portavoz comunitaria de educación, Sonya Gospodinova, que desde Bruselas «seguimos la situación en España incluyendo la nueva ley y las intenciones del gobierno de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos» y por ello «la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosos y a sus visiones filosóficas y educativas«.
Y así, podríamos seguir hablando, al igual que de sentencias judiciales, que han fallado en favor de los padres y de los derechos y libertades fundamentales que tanto parecen molestar a los socialcomunistas.
Si la ministra cree que los padres vamos a aceptar sus imposiciones cruzados de brazos, está muy equivocada. Si piensa que con decir que los hijos no son de los padres nos priva de todos nuestros derechos, verá cómo los defendemos con todas las armas legales a nuestra disposción.