El Gobierno de España muestra, así, de nuevo, su desprecio por el Estado de Derecho, atropellando plazos y trámites, para imponer su reforma ideológica de la Ley del Aborto impulsada por la patronal de la muerte.
Estas normativas son del todo arbitrarias, carecen de seguridad jurídica y atribuye a la administración competencias que no son suyas y que atentan contra derechos fundamentales
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