El Gobierno muestra así, de nuevo, su desprecio por el Estado de Derecho, atropellando plazos y trámites, para imponer su reforma ideológica de la Ley del Aborto en España impulsada por la patronal de la muerte.
Si bien durante la Pandemia el Gobierno social comunista de España ha aprovechado la coyuntura para aprobar decenas de Decretos Leyes para regulaciones de gran alcance, ahora, aprobando una Ley por la «vía rápida», demuestra una vez mas su desprecio a las instituciones que garantizan el Estado de Derecho en España.
Como ya ocurriera con la Ley de Eutanasia, dónde incluso se silenció al Comité de Bioética (al que posteriormente además, han cesado), en este caso, el Gobierno no contará con el preceptivo informe del Consejo General del poder Judicial previo a la aprobación de una Ley que, por otro lado, vulnera derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de España.
El derecho a la libertad religiosa, prohibiendo rezar en la vía pública, o el derecho de reunión, prohibiendo concentraciones cerca de los centros de exterminio de no nacidos, son algunos de los derechos fundamentales que esta Ley pretende recortar.
Con esta nueva Ley, se busca silenciar al movimiento pro vida y alejar a las personas que intentan ofrecer otras soluciones a las mujeres que se ven abocadas al duro trauma del Aborto. No quieren testigos ni quieren otras opciones que afectan gravemente al terrible negocio del infanticidio.
Así y todo, no saben o no entienden que algunos tenemos muy claro que obedeceremos a Dios antes que a los hombres; no importan cuantas leyes promulguen, que si son injustas y van en contra de la dignidad de la personas, estaremos siempre dispuestos a desobedecerlas cuando sea necesario en defensa de la verdad y la vida.