Acatamos y haremos acatar las directrices legítimas que nos han dado, pero no permitiremos que nadie conculque torticeramente nuestros derechos humanos y constitucionales, entre los que la libertad religiosa no es el menor de ellos, con la excusa de una pandemia. Nuestras iglesias no son catacumbas para la censura
La Segunda República sometió a un acoso y a una erosión incesantes a este derecho. La Constitución de 1931, aprobada por las Cortes republicanas sin someterla a referéndum, prohibía en su Artículo 26 las órdenes religiosas que estableciesen un voto de «especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado», una prohibición que sirvió para ordenar la disolución de la Compañía de Jesús en 1932, alegando su obediencia al Papa.
No guste o no, nuestro silencio es cómplice del avance del mal. No queremos hacer una llamada a enfrentarnos a nadie o a nada, es mucho más simple. Queremos hacer una llamada a no avergonzarnos de Jesucristo, ni en privado, ni en público. Una llamada a ser TESTIGOS DE LA VERDAD, también en público, pues es a lo que estamos llamados.
