El proyecto de ley ha recibido una fuerte contestación durante los últimos meses por parte de importantes colectivos médicos y sanitarios, que ven más importante en este momento mejorar el sistema de cuidados paliativos y que consideran que no es el momento de legislar sobre ello, cuando la pandemia ha podido cobrarse ya la vida de más de 60.000 personas, según las cifras reales de mortalidad.
¿Qué lleva al presidente del Gobierno de España a convocar una rueda de prensa un Domingo a las 4 de la tarde? Pues muy simple. Contrarrestar el eco mediático que supone que más de media España saliera ayer a la calle a reclamar su derecho a la libertad de expresión, ese que le han negado a la escuela concertada en el tramite de la Ley Celaá.
No se trata, sin embargo, de un problema de los medios de comunicación de la Iglesia. También ha arraigado en la educación: «¿Salen preparados en el legado cristiano los jóvenes que pasan hasta 10, 12, 15 años en colegios católicos? ¿Conocen al dedillo (¡diez años dan para mucho!) los relatos bíblicos, las metáforas de los evangelios, los personajes del Antiguo Testamento? ¿Saben responder si se les pregunta por las virtudes teologales o, al menos, las cardinales?»
«La ley C-7 es nuestra peor pesadilla», sostienen los defensores de los discapacitados, pues hasta ahora esa discapacidad no constituía razón suficiente para pedir la muerte: «Nuestro mayor temor siempre ha sido que tener una discapacidad se convierta en una razón aceptable para el suicidio administrado por el Estado»,
