El papel del Estado debe limitarse a garantizar el acceso universal a la Educación, pero no a controlar a los centros.
«La minista de Educación tiene una intrepretación muy peculiar del artículo 27 de la Constitución». Este artículo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones religiosas y morales y además establece el papel subsidiario del Estado en la educación. La ministra cree, en cambio, que es el Estado quien tiene el sistema educativo y además decide qué valores hay que enseñar. Es todo un problema.
