El Gobierno de España sigue avanzando contra la autoridad de los padres.
La oposición de parte del feminismo a esta norma —entre ellas, algunas representantes históricas del movimiento más cercanas al PSOE— ha abierto una brecha entre los socios de Gobierno. En verano, un argumentario del PSOE, firmado entre otros por la vicepresidenta Carmen Calvo, alertaba de los mismos riesgos que subrayan ahora algunas feministas históricas, como el de que la nueva ley conlleve el “borrado de las mujeres” y que llevan meses alertando sobre nociones “problemáticas” como la autodeterminación de género. Opinan que este reconocimiento puede introducir “conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros” que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad o igualdad.










